Ley de medios y cine

Un nuevo espectro para la industria cinematográfica argentina

El proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales estipula que, de aprobarse, los canales de televisión deberán invertir parte de su facturación en la compra de largometrajes independientes.

Las mismas palabras se repiten y redundan en un debate de medios mediatizado. Si libertad de expresión o mordaza, si K o no K, si monopolios o pueblo, si con telefónicas o sin, si autoridad de aplicación autónoma o cinco kirchneristas decidiendo. Y detrás de los números, del resistido artículo 161 -del año pautado para que las empresas acaten a la nueva norma-, de la cantidad de licencias, de la ley de la dictadura con reforma menemista en 1994; la banda sonora de nuestras vidas de ciudadanos del siglo XXI: un televisor de fondo, siempre prendido.
Más allá de los puntos discutidos por el arco opositor al proyecto emitido por el Poder Ejecutivo de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales, que reBalsa a la fauna política e incluye también a algunos sectores del espectro mediático -ejemplificar en este punto con el grupo Clarín ya es una obviedad-, el artículo 67 establece un punto de inflexión para la industria cinematográfica nacional e involucra a las televisoras en el solvento del cine.
Según estipula el artículo, de aprobarse el proyecto de ley, que cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados y un inminente tratamiento en el Senado, las televisoras abiertas y por subscripción, es decir, por cable, deberán comprar ocho películas nacionales por año antes de que inicie su rodaje. Por otro lado, la iniciativa ofrece a aquellos canales que, debido a su reducido alcance -menos del 20 por ciento de la cobertura total del país-, no cuenten con el dinero suficiente para adquirir ocho películas por año la alternativa de destinar el 0,5 % de su facturación total a la compra de películas nacionales en pre-producción, sin importar para cuántas le alcance.
De acuerdo a Pablo Rovito, productor argentino y miembro fundador de la Academia de las Ciencias y las Artes Cinematografías de la Argentina y la Asociación de Productores Independientes de Medios Audiovisuales (APIMA), lo que el proyecto de ley establece no es una cuota de pantalla, ya que ocho películas es un número muy chico para ser considerado así. “Cuando se habla de que te van a obligar a ver cosas que no querés ver es una estupidez. En este caso no se fija una cuota específica. Pensar que en 365 días de 12 horas de programación diaria un canal va a dar ocho tardes una película no es una imposición muy fuerte”, explica. Según él, a lo que se apunta es a una cuota de facturación y éste es justamente el cambio más importante que introduciría la ley: “Va a haber en el mercado una cantidad de dinero y de inversión que antes no estaba, más allá de que es una suerte de subsidio indirecto, porque no es que surge del mercado sino que el Estado regula y obliga a hacerlo. Pero una vez hecho esto, lo que queda es una relación de mercado entre el productor y los canales”.
Tal como están las cosas, no es factible que se produzca cine, tanto en Argentina como en la mayoría de los paises, con excepción de Estados Unidos, India y China, sin un sistema de fomento estatal. Rovito -que en 2006 abrió Arte Cinema Sur, un espacio que presta sus salas para la emisión de películas de autor- detalla que las causas de esto se encuentran en que al público indú no le interesa ver productos extranjeros, por lo que hay un gran mercado interno, en China hay una sola empresa que produce cine que es el Estado, por lo tanto acapara al total del público, y Estados Unidos cuenta con un gran mercado exterior. Además, y en detrimiento de las demás industrias locales, su forma de comercialización, conocida como dumping, consiste en solventar a las películas que no ganan lo suficiente como para recuperar su inversión vendiendo paquetes de films y así compensar la pérdida con aquellas películas que recaudan mucho más de lo que salió producirlas. El precio al que se deberián vender esos largometrajes teniendo en cuenta su costo de producción llega a las pantallas de televisión argentinas amortizado. Entonces, ejemplifica Rovito, una película cuya realización implicó 100 millones de dólares se vende a los canales locales a 10 mil dólares, y genera una competencia imposible de asumir para las producciones nacionales.
Otro problema que enfrenta la industria cinematográfica argentina y al que apunta a solucionar el artículo 67 del proyecto de ley, explica Rovito, quien participó en las deliberaciones sobre las leyes de Cine de Argentina, México, Colombia y Uruguay, es que a los canales no les interesa emitir productos que no hayan sido creados y distribuidos por ellos mismos. El apartado indica que las películas adquiridas por los canales deberán haber sido realizadas por productoras “mayoritariamente independientes”. Para el cineasta, el término apunta a aquellas realizadoras que no dependen de televisoras y distribuidoras. Sin embargo, Diego Galíndez, secretario del Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina (SICA), no coincide con Rovito en este punto. Desde su visión, el término se refiere a aquellas producciones que no cuenten con el subsidio del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), que, según explica, son muy pocas, por lo que no alcanzarían para completar la cuota de pantalla que impondría la nueva legislación.
La ley de Cine argentina (n° 24.377), estipula que de la totalidad de lo recaudado por el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), el 40 por ciento se destina al INCAA, que funciona como un administrador de ese dinero. El Instituto analiza si los guiones que le presentan las productoras cuentan con un presupuesto real, no dibujado, y factible y si son de interés público. De ser así, le otorga a la película un subsidio, que representa alrededor del 50 % del costo de producción.
El proyecto de Ley de Medios prevee bajar el 40 % destinado al INCAA al 25 %, con el argumento de que el COMFER va a recaudar más y, por lo tanto, el monto de dinero no va a variar. “En términos técnicos podría ser o no cierto, todavía no se han hecho las cuentas ni se a cobrado efectivamente. Pero aunque así fuera, no es lógico. En realidad, si se amplia la forma de cobrar es porque se ha ampliado la forma de ver cine. Lamentablemente esa discusión la perdimos. Sí logramos incorporar una cláusula tipo gatillo donde el 25% no pueda ser menos de lo que cobrabamos ahora, de manera tal de que por lo menos no baje la recaudación inmediata”, detalla Rovito.
Tanto él como Galíndez coinciden en que el actual aporte del Estado al cine es acorde a lo que se produce. Sin embargo, el director Bernardo Czemerinsky, conocido como Bebe Kamín -Los chicos de la guerra (1984)-, opina que el cine está en deuda con la sociedad argentina: “No veo que el cine nacional haya producido en los últimos años un monto de películas que justifiquen, económica y culturalmente, la confianza que le da la sociedad al ofrecerle su capital. No creo que el Estado tenga que ser la vaca lechera de todas las actividades de riesgo”, manifiesta.
En cuanto a los efectos culturales que pueda tener la aplicación de una cuota de pantalla, Rovito dice que, si bien no cree en la educación del público, porque contiene un sentido de superioridad de los que deciden que se debe ver por sobre los que lo consumen, sí considera que es necesario dar opciones: “La elección tiene que ver con el acceso, no solamente con que exista. Se trata de que el público tenga permanentemente la información para poder elegir qué va a ver y qué no. El cine estadounidense nos ha acostumbrado a un modelo de contar, a una forma de relacionar al producto con el espectador durante muchos años de bombardear con ese material. En ese sentido creo que hay que hacer un trabajo de recuperación del público para que pueda ver otro tipo de películas”, explica.
Galíndez, por su parte, no focaliza las implicancias en la cultura por el lado del público sino por el de los creadores: “La realidad es que actualmente hay unas pocas personas que dicen 'yo paso lo que se me da la gana y a quien puedo pisar con esto no me interesa. No me importa el pibe que se mató 3 años con un guión', que tiene todo el derecho del mundo a realizarlo y que la gente lo vea y opine si le gusta o no. Por el solo hecho de que quiere decir algo tiene derecho a estar en televisión. Esto no es una ley K, como dicen muchos, la pide en Catamarca un pibe que no sé si lo votó, la pide un pibe que vive en Usuhaia y lo único que quiere hacer es cine y no le importa otra cosa”, ejemplifica.